Evitando que las cárceles se llenen de presos y que los infractores de la ley por delitos menores paguen su deuda con la sociedad haciendo trabajo comunitario, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) sigue adelante con este proyecto que será declarado como política regional y empezará a ejecutarse en Trujillo y luego en otras provincias.
El tema fue abordado en sesión ordinaria presidida por el gobernador regional Manuel Llempén Coronel, en la que se informó los avances de los acuerdos adoptados en la sesión descentralizada realizada el pasado 30 de septiembre, en la provincia de Ascope.
Allí, a pedido del presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Giampol Taboada Pilco, se acordó sancionar con trabajo comunitario -de servicio a la comunidad-, la pena de los delitos menores.
Al respecto, el magistrado explicó que ya hizo la exortación a los jueces sobre este tema y se los capacitará. «Es un compromiso de la institución”, dijo.
La presidenta de la Junta Superior de Fiscales, Marena Mendoza, indicó que ha dado cumplimiento a la parte que les corresponde del acuerdo poniendo esto en conocimiento de los fiscales para que soliciten este tipo de penas
El alcalde provincial de Trujillo, José Ruiz, señaló que en la MPT se ha emitido una resolución sobre el tema y que están coordinando lo que corresponde a recibir a personas que deban pagar este tipo de penas.
Llempén indicó que es importante el avance logrado y pidió que también se amplié y aplique en otras provincias de nuestra región tras consolidarla en Trujillo. “Podríamos pasar luego a la provincia de Ascope”, sugirió.
Taboada Pilco agregó que para establecer la clase de pena se debe coordinar con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que tiene una oficina de medio libre, donde ya se tiene conocimiento de este acuerdo. «Ellos deben determinar que entidad es la receptora de la persona que cumplirá la pena, comunicando eso también al Poder Judicial», explicó.
Al respecto, Llempén pidió que la secretaría técnica del CORESEC establezca una pauta del inicio de los procedimientos y la sanción, lo que debería hacerse llegar a todas las municipalidades provinciales, para que se facilite su aplicación.
José Ruiz se comprometió seguidamente a alcanzar información a las demás municipalidades provinciales respecto a lo avanzado en la MPT, para que puedan formalizar está medida.
Llempén agregó que se invitará al INPE para que sea parte del CORESEC, pidiendo a Giampol Taboada su colaboración con el borrador del texto con el sustento legal para que el trabajo comunitario como parte de una pena sea adoptado como política regional y que el ciudadano que cometió un error, pague eso haciendo servicio comunitario.
