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El adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, afirmó que las empresas deben resaltar las entidades estatales -sean gobiernos regionales o municipalidades- que no cumplen con las funciones de llevar servicios públicos a la población y por los que se generan conflictos. 

“Esto deben hacerlo como parte de su compromiso de vigilar aquello que el Estado no hace, [de reclamar] que cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley. Quienes hacen estas denuncias normalmente son las organizaciones sociales perjudicadas, pero esta responsabilidad del Estado debe hacerse patente a través de un actor que tiene fuerza, como las empresas”, explicó. 

Luque sostiene que, con esto, ya no solo serían las comunidades quienes reclaman por los proyectos que no se ejecutan y que la posibilidad de que estos se realicen sería mayor. “En esto veo una sociedad empresa-comunidad con relación a los incumplimientos del Estado”, indicó. 

Luque agregó que los recursos de una empresa en términos informativos, de contactos y llegada a autoridades es mayor que los de una pequeña comunidad en un lugar aislado. “Yo creo que esos recursos, cuando son puestos a disposición también de la comunidad, mejoran notablemente las relaciones porque aparecen como socios en algo clave que es reclamar la satisfacción de sus propias necesidades”, aseveró.