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Como resultado del Operativo de Control “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022”, la Contraloría General evidenció -en 36 municipalidades provinciales y distritales de la región- diversos riesgos relacionados a los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos; disponibilidad de los recursos públicos, personal de limpieza; gestión de puntos críticos; y en la función de supervisión y fiscalización.

Las situaciones identificadas podrían afectar la salud tanto de la población como del personal de limpieza; la calidad ambiental y del mencionado servicio; así como su financiamiento y sostenibilidad en el presente año. Para el despliegue de esta intervención en la región se realizaron visitas de control a una muestra representativa de 36 municipalidades, de las cuales 24 son distritales y 12 provinciales. Se contó con la participación de 55 auditores y la colaboración de seis monitores ciudadanos de control.

El operativo, que se desarrolló del 15 al 28 de marzo último, formó parte de la estrategia de la Contraloría orientada a impulsar el control preventivo enfocado a los servicios al ciudadano; con el objetivo de alertar y comunicar a los alcaldes, la existencia de riesgos y oportunidades de mejora en el cumplimiento de la prestación del servicio de limpieza pública, para la adopción de medidas correctivas que permitan superar las deficiencias identificadas en materia de salud, calidad ambiental, disposición de residuos sólidos y otros.

Durante las visitas de control se identificaron diversos hechos adversos, siendo los más resaltantes en el caso de las municipalidades provinciales de Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Virú, Gran Chimú, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Julcán, Bolívar y Pataz, los siguientes:

• Los residuos sólidos acumulados en vías, espacios y áreas públicas (puntos críticos) generan el riesgo de afectar la salud de la población y deteriorar el medio ambiente. Además, su acumulación inapropiada en los botaderos genera riesgos sanitarios y/o ambientales.
• Falta de un “Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos” y del “Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales”, en algunos gobiernos locales, pone en riesgo la adecuada gestión del manejo de los desechos.
• Ciertos municipios provinciales no cuentan con plan de ruta de recolección y transporte de residuos sólidos, aprobado y vigente, lo que pone en riesgo la operatividad del servicio y el uso eficiente de los recursos.
• El personal de limpieza pública carece de exámenes médicos ocupacionales, vacunas antitécnicas y seguro complementario de trabajo de riesgo, lo que genera el riesgo de afectar su salud física y seguridad integral.
• El personal a cargo del barrido de las calles, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos no cuenta, permanentemente, con implementos de seguridad y protección personal; lo cual podría afectar la seguridad y salud de los trabajadores.
• No se brinda el servicio de recolección selectiva de residuos sólidos no orgánicos y no se cuenta con un registro municipal de organizaciones de recicladores, lo que genera el riesgo de que no se realice un manejo ecológicamente eficiente y adecuado para el aprovechamiento de los residuos sólidos.
• Alta morosidad en el cobro de arbitrios por concepto de limpieza pública (parques y jardines, recolección de residuos sólidos y limpieza pública) podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera, la prestación del servicio y otras actividades que las municipalidades hayan programado realizar.

A nivel nacional, la Contraloría General evidenció en 696 municipios provinciales y distritales del país diversos riesgos relacionados a los procesos de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos; disponibilidad de los recursos públicos, personal de limpieza, gestión de puntos críticos, así como en su función de supervisión y fiscalización.

Entre los resultados más relevantes del Informe Consolidado N° 3583-2022-CG/AGR-SOP figuran la falta de acciones en el manejo de la disposición final de los residuos sólidos, así como en la implementación de medidas para asegurar la salud y seguridad del personal del servicio de limpieza pública.

Además, se evidenció que más de la mitad de los municipios visitados presentan puntos críticos por acumulación de basura en sus jurisdicciones y niveles de morosidad en el pago de arbitrios que pondrían en riesgo la sostenibilidad del servicio de limpieza. Asimismo, 35 municipalidades del país no están tomando medidas para implementar la Ley 31254 (que prohíbe la tercerización de los servicios de limpieza pública), desde julio próximo.

En el operativo se realizaron visitas de control a una muestra representativa de 696 municipalidades de todo el país, de las cuales el 73% (511) son distritales y 27% (185) provinciales. Dicha muestra representa el 91% de un total de 764 municipios que tienen más de 500 viviendas urbanas. En el caso de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se cubrió el 100% de sus distritos.

Para el despliegue de esta intervención en las 25 regiones del país, se contó con la participación de 490 auditores y la colaboración de 104 Monitores Ciudadanos de Control.

Los resultados del operativo a la “Prestación del Servicio de Limpieza Pública en Municipalidades 2022” fueron comunicados al Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector a nivel nacional para la gestión y manejo de los residuos sólidos, a fin que disponga las medidas correctivas que permitan superar los hechos de riesgo identificados.

Asimismo, el informe fue notificado a los titulares de los 696 municipios visitados, quienes tienen la responsabilidad de adoptar las acciones que garanticen la prestación del servicio público de limpieza en virtud de lo revelado por la Contraloría, para el beneficio de la población.

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