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Debido a los constantes sucesos de violencia registrados en nuestra región, incluso durante el estado de emergencia, la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) demanda al Gobierno central acciones concretas que permitan disminuir el accionar delictivo de las bandas organizadas y criminalidad común, pues ponen en riesgo a la población.

El gremio empresarial considera que la inseguridad ciudadana es un problema multisectorial que requiere de un conjunto de políticas que incluyan principalmente medidas de prevención, reformas institucionales tanto en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, inversión pública suficiente, así como voluntad política amplia y sostenida para combatir este flagelo.

Además, el cobro de cupos y extorsiones es un problema que se ha incrementado, y afecta en gran medida a los micro y pequeños empresarios, quienes son los blancos preferidos de las organizaciones criminales.

CIFRAS. Es preciso indicar que, según información de la Policía Nacional del Perú, en La Libertad, de enero a mayo de 2022, se han reportado 628 casos de extorsión y 1,804 robos.

Además, según la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas del INEI (2018), a nivel nacional, 28 de cada 100 empresas fueron víctimas de algún tipo de delito, 14 de cada 100 empresas sufrieron robos o hurtos y 8 de cada 100 empresas, intentos de robo, estafa o fraude.

Considerando que, Trujillo y otras cuatro provincias de La Libertad se encuentran en emergencia por la inseguridad, y que sin embargo no se han visto mejoras, es necesario elaborar programas de prevención del delito en los cuales no solamente participen los tres niveles de Gobierno, sino que estén basados en estudios con rigor científico que garanticen su eficacia; es decir, en base a estrategias que ya hayan sido aplicadas con éxito y que puedan replicarse adecuándolas a nuestra propia realidad.

También es importante tener en cuenta que la desarticulación de bandas demanda un trabajo de inteligencia con la suficiente dotación de recursos y una estrategia bien articulada entre las instituciones del Estado competentes.

Asimismo, urge fortalecer la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú y promover la continuidad de los altos mandos. Estos deben ser elegidos de acuerdo a los perfiles establecidos para los cargos, donde la experiencia, así como una impecable trayectoria profesional y personal sean criterios primordiales.