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Pedro Castillo ha adoptado una posición discursiva hostil hacia el sector privado, buscando antagonizar con diferentes agentes empresariales, ya sea caracterizándose como actores opresores o como cómplices de un supuesto complot golpista dedicado a removerlo del despacho presidencial. Sin embargo, estas posiciones anti empresariales rara vez logran implementar políticas públicas.

Una de las excepciones, es el caso de las restricciones aplicadas por el gobierno en torno a la tercerización laboral. Desde el discurso del gobierno, esta iniciativa fue priorizada por el presidente Castillo en favor de los trabajadores en situación de “precarización”. El Gobierno pareciera estar apostando a que una medida como esta tendría un importante apoyo popular.

Sin embargo, en una reciente encuesta de IPSOS, se observa que cerca de un 75% de la población “no estaba enterada de dicho decreto supremo”. De acuerdo con las cifras de IPSOS, un 14% de los encuestados se opone al decreto supremo, mientras que un magro 8% lo respalda.

Si el Gobierno tenía un objetivo político de apoyo popular con esta medida, ésta aún no se ha logrado. La población ha mostrado apatía hacia la medida y ha sido hasta el momento intrascendente.

Fuente: RPP