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Los fallos de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi y su decisión de ordenar al MTPE y a la Sunafil de abstenerse de aplicar los alcances del cuestionado decreto son una señal positiva ante la centena de medidas cautelares interpuestas. Si bien esta decisión probablemente sea apelada, el país aún tiene instituciones que ejercen sus responsabilidades y limitan los excesos de una autoridad ideologizada.

Esta medida no solo causa un impacto negativo sobre la economía y el empleo formal en el sector privado, con una afectación que podría alcanzar a 100,000 puestos de trabajo, sino que también impacta en la provisión de servicios públicos. Alrededor del 20% del personal de las empresas públicas bajo control del Fonafe es tercerizado, incluyendo aquellas empresas a cargo de la provisión de servicios de agua, saneamiento, electricidad, entre otros.

Al respecto Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y director de Videnza Consultores, comentó que el Ministerio de Trabajo ha tomado una posición desafiante contra el empresariado.

“La respuesta del MINTRA ha sido desafiante al cuestionar el derecho que tienen las empresas de impugnar medidas que considere lesivas y amenaza con continuar adoptando sus ilegales regulaciones en la materia so pretexto de resguardar los derechos de los trabajadores”, escribió en su cuenta oficial de LinkedIn.

Castilla agregó que el Gobierno parece no entender que en el Perú rige un estado de derecho y que las normas que insiste en aplicar son nocivas justamente para el mercado de trabajo que pretende “defender”.