De acuerdo a los registros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), Mario Reyna Rodríguez, teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), fue accionista de las empresas Servicios Complementarios American Services SAC y American Supplies SAC, en ambas tuvo como socia a su esposa, Olga Elizabet León Rudas.
Estas dos empresas no fueron consignadas en la Declaración Jurada de Intereses (DJI) de Carácter Preventivo, que la autoridad edil presentó ante la Contraloría General de la República (CGR), cuando aún era el candidato número 1 de la lista de regidores que encabezaba el polémico Arturo Fernández, a mediados del año 2022, pese a que habría estado obligado por norma.
De acuerdo al Reglamento de la Ley N° 31227, que transfirió a la CGR «la recepción, el ejercicio de control, fiscalización y sanción de la Declaración Jurada de Intereses de autoridades, funcionarios y servidores públicos del Estado, y candidatos a cargos públicos», se establece que las declaraciones juradas de intereses deben comprender la «información dentro del periodo de cinco (05) años anteriores a la presentación de la DJI». En este documento el candidato, autoridad o funcionario está obligado a dar información veraz de las empresas, sociedades u otras entidades públicas o privadas, en las que el sujeto obligado y su cónyuge o conviviente posea alguna clase de participación patrimonial o similar. Así mismo, debe dar cuenta de las «representaciones, poderes y mandatos otorgadas al Obligado, su cónyuge o conviviente por personas naturales o jurídicas, públicos», por citar los puntos más importantes del reglamento que fue aprobado por Resolución de Contraloría N° 158-2021-CG, el 13 de agosto de 2021.
Para Efraín Sánchez, especialista en Transparencia Pública, el eventual sucesor de Arturo Fernández en el cargo de alcalde de Trujillo, tuvo que haber consignado su participación en las dos empresas, esto teniendo en cuenta que Servicios Complementarios American Services SAC, según la SUNAT inició sus actividades en julio del año 2017 y American Supplies SAC, en septiembre de 2019.
«Definitivamente la ley es clara cuando dice que el periodo de lo que yo tengo que declarar como funcionario, autoridad o candidato obligado a presentar esta declaración, es en el lapso de 5 años antes de que yo hago la declaración. Es decir, si yo he sido parte, soy parte o mi conviviente o mi cónyuge ha sido parte o es parte o incluso he tenido acciones, pero ya no las tengo en el lapso de 5 años hacia atrás, tengo la obligación de declararlo», sostuvo.
A este medio Mario Reyna respondió escuetamente que no consignó esta información porque ya no posee acciones en ambas empresas.
«Transferí mis acciones conforme consta en los libros correspondientes de la empresa. Cuando se constituye la empresa (Servicios Complementarios American Services SAC) yo fui designado gerente general, luego transfiero mis acciones y se cambia de gerente. La fecha no recuerdo, cuando llego a Trujillo podría verificarlo», señaló a través del aplicativo Whatsapp. En el caso de American Supplies SAC ocurrió lo mismo.
Sin embargo, queda claro, que de acuerdo a la norma, el teniente alcalde de Trujillo tuvo que haber consignado esta información en su DJI.
«Tiene que consignar la información, así, incluso, lo haya ya transferido tiene que haber declarado, porque la norma establece tengas o hayas tenido, pero es en el marco de tiempo de 5 años hacia atrás», señaló Sánchez La Rosa.
Curiosamente las dos empresas que Reyna Rodríguez no consignó en su Declaración Jurada de Intereses de Carácter Preventivo han sido cuestionadas. American Supplies SAC contrató con la gestión de Arturo Fernández en la Municipalidad Distrital de Moche por un monto cercano al medio millón de soles, cuando el empresario mantenía una relación estrecha con la autoridad edil, con quien departía cervezas en restaurantes mocheros y afianzaban un proyecto político, con el fin de capturar la Municipalidad Provincial de Trujillo. También, por aquel tiempo «asesoraba» a la entonces gerente general de la comuna mochera, Diana Tello Murrugarra.
En el caso de Servicios Complementarios American Services SAC, el 25 de octubre de 2018 este medio de comunicación reveló que la empresa de Mario Reyna ganaba contratos con el Gobierno Regional de La Libertad, mientras él despachaba con el entonces gobernador Luis Valdez Farías. Macronorte.pe grabó al empresario ingresando y saliendo del despacho de la autoridad apepista en reiteradas ocasiones. Además, es de conocimiento público la cercanía de estos dos personajes, que incluso se asociaron para formar una firma de abogados, empresa que Reyna sí consignó en su DJI.
«Cuando hablamos de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. La integridad y la transparencia es el lado opuesto de una moneda y al lado reverso viene el tema de corrupción, hasta antes del 2017 no existía la Declaración Jurada de Intereses, sólo cuando había una denuncia periodística nos podíamos enterar que tal funcionario tenía un familiar en tal empresa y esa empresa había contratado con la entidad. Esto es lo que busca la Declaración Jurada de Intereses, que la gente sepa cuales son los conflictos de intereses que puedan tener las autoridades o candidatos. No es malo que puedan tener conflictos de intereses, lo malo es cuando eso se concretiza», sostuvo el especialista en Transparencia Pública.
«Usualmente cuando el funcionario o candidato omite es porque estamos ante un posible acto de corrupción, porque lo que se pretendería es no dar esa información, para no ser vinculados a ciertas empresas que en una eventual gestión puedan tener alguna contratación pública», puntualizó el abogado.
El primer regidor de Trujillo aún no aclara detalladamente este situación, que pone en duda su transparencia. Desde esta tribuna periodística esperamos todos los detalles de su descargo.
