Un grupo de mineros protestaron frente a las oficinas del Gobierno Regional La Libertad exigiendo la derogación de la Ordenanza Regional N°011-2022-GRLL, que entrará en vigencia este 14 de noviembre, que permitirá la fiscalización del transporte de mineral.
Ante esto, el abogado del gremio de mineros, José Enrique Pingo, señaló que esta medida implementada por la entidad regional está atentando contra los mineros ilegales porque se estarían imponiendo sanciones tributarias elevadas.
“Pretenden regular el traslado y el transporte ilegal de mineral, incluso la comercialización del oro. La ley de transporte señala que la única autoridad exclusiva en materia de transporte a nivel de toda la República, es el Ministerio de Transportes”, mencionó.
“Ataca al transportista a través de su unidad y ataca al productor minero que son pequeños y artesanales que producen ingreso de subsistencia, pero, sin embargo, a través de esta Ordenanza establecen sanciones exorbitantes en unidades administrativas tributarias”, manifestó.
Además, indicó que la fiscalización de la actividad minera solo sería competencia de la Fiscalía, mas no del Gobierno Regional La Libertad.
“Lo que pasa es que, en un país con 75% de informalidad en todos los sectores donde miremos edificaciones, transporte, comercialización minería, todo es informal. El tema de minería ilegal no es competencia del Gobierno Regional, es competencia de la Fiscalía”, expresó Enrique Pingo.
Asimismo, el letrado mencionó que el material minero no es un componente nocivo para la salud pública por lo que, no puede ser decomisado por las autoridades.
“El decomiso es una facultad que tiene la autoridad, pero la autoridad administrativa puede hacer decomiso administrativo y solo comprende dos tipos de materiales, materiales peligrosos como la comercialización de pirotécnicos, y lo según es materiales nocivos para la salud, ¿el material minero es material que afecta la salud? no directamente”, remarcó Enrique Pingo.
Sin embargo, en su momento; el exconsejero regional por la provincia de Ascope, Greco Quiroz, informó que la Ordenanza Regional N°011-2022 permitirá que la Policía Nacional del Perú intervenga todo vehículo que transporte mineral, obligando al conductor portar un total de siete documentos legales, principalmente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) actualizado y con una vigencia de 24 horas.
“Si ese chofer no me muestra el Reinfo actualizado, es un minero ilegal; el 80% son mineros ilegales. La ordenanza dice que, si la PNP detectaba que la unidad no contaba con ese documento, se debía detener al chofer junto con el vehículo para luego ser remitidos a la policía ecológica, esta ordenanza es una herramienta legal para que la policía y la Fiscalía incauten todo este mineral ilegal”, informó.
