El último 20 de junio, el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue sentenciado en segunda instancia a un año de pena privativa de la libertad suspendida, por el Quinto Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, por el delito de difamación agravada contra la teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nataly Rojas Rojas.
Asimismo, el polémico burgomaestre está sujeto a cumplir las siguientes reglas de conducta: no variar de domicilio real que fijó en la lectura de sentencia sin previa autorización del juzgado, control cada 30 días a efecto de informar y justificar sus actividades y no cometer nuevo delito doloso; en esta última el burgomaestre parece no acatarla, porque continúa sumando denuncias por difamación, las mismas que están en proceso legal.
En esa línea, para el abogado especialista en Derecho Penal, Manuel Pesantes, en diálogo para Macronorte.pe señaló que el sentenciado y polémico alcalde de Trujillo estaría violando las reglas de conducta, por lo que se están dando las condiciones para solicitar que se le revoque la pena suspendida.
“Una de sus reglas de conducta del alcalde, es no cometer nuevo delito doloso y vemos que él (Arturo Fernández) está violando esta regla de conducta. Probablemente veamos un pedido de revocatoria de la pena suspendida por incumplimiento de las reglas de conducta. Esto va llevar que le varíen la pena suspendida y le dicten una pena efectiva”, declaró Pesantes.
“Se han dado todas las condiciones para que se pueda presentar una variación de sentencia por incumplimiento de reglas de conducta. En la querella de Ricardo Morales, ya no podrían dictarle una pena suspendida, ya que viene de un antecedente que es de la querella de la suboficial; entonces obligatoriamente el juzgado tendría que sentenciar de manera efectiva. Lo que podría solicitar la suboficial, es una variación y en este caso se le sumarían las penas”, manifestó el jurista.
No obstante, el abogado señaló que la variación de la condena por incumplimiento de las reglas de conducta, no lo puede solicitar el Poder Judicial, en este caso, jurídicamente le correspondería a la teniente PNP, Nataly Rojas, quien fue la que denunció por el delito de difamación agravada a Arturo Fernández, y que sería recomendable pedir esta variación de condena por las reiterativas faltas de conducta que comete la disociadora autoridad edil
“Jurídicamente sí, jurídicamente lo podría realizar porque está en su derecho… La parte interesada es quien debe solicitar esta revocatoria, por incumplimiento a las reglas de conducta. Yo creo que se ha configurado el incumplimiento de las reglas de conducta, porque él viene cometiendo un nuevo delito doloso relacionado al delito por el cual fue sentenciado. Tiene más delitos de difamación, eso lo podríamos llamar una reincidencia a la comisión de delito. Es recomendable en este momento que la PNP pueda presentar un pedido de variación de la pena por el incumplimiento de las reglas de conducta”, aseveró Manuel Pesantes.
