El Poder Ejecutivo, al mando de la presidenta Dina Boluarte, promulgó un decreto que facilita la liberación de condenados a prisión por hasta 10 años, además suspende la ejecución de condenas de hasta ocho años contra delincuentes no mayores de 25 años que cometen un delito por primera vez.
El Decreto Legislativo se modifica al artículo 52-B del Código Penal indicando que «Todas las personas que hayan sido condenadas con una pena de entre siete y 10 años puedan evitar el ingreso a un centro penitenciario o salir del mismo, siempre y cuando lleven un grillete electrónico y presten servicio a la comunidad». Mediante la modificación, aquellos que tengan sentencia de prisión efectiva de 10 a 12 años serán beneficiados.
Por su parte, el jefe de Gabinetes de Asesores del Ministerio de Justicia, Abraham García señaló que esta medida no incluye delitos graves como delitos de cohecho, colusión, peculado, negociación ilícita, negociación incompatible y organización criminal. Precisó que esta medida aplica para los delitos de menor gravedad como falsificación de documentos, delitos que tienen que ver con liberamiento ilegal.
Además, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que han aprobado un proyecto de ley para que en dos años se cierren temporalmente los penales que no reúnan las condiciones carcelarias adecuadas para continuar admitiendo reos.
Estas medidas tomadas por el Ejecutivo podrían poner en riesgo la seguridad ciudadana, debido a que se reducirían las sanciones contra los delincuentes, inclusive impidiendo que estos vayan a la cárcel, generando un incremento de hechos delictivos que ya tienen atormentada a la población.
