Hace unas semanas, un grupo de mineros protestaron frente a las oficinas del Gobierno Regional La Libertad exigiendo la derogación de la Ordenanza Regional N°011-2022-GRLL, que entró en vigencia el pasado 14 de noviembre, que permite la fiscalización del transporte de mineral.
En ese sentido, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la gerencia regional de Energía y Minas, realizó una mesa de trabajo con los representantes de la Asociación Regional de Carboneros de La Libertad (Arcalib), la Federación Regional de Mineros Artesanales y transportistas de minerales, acordando que se someterá a debate la suspensión de esta norma a través de una sesión de Consejo Regional.
“La parte técnica y legal de gobierno regional La Libertad se ha comprometido a generar una sesión de consejo para proponer la suspensión de la aplicación de estas normas regionales, con la finalidad que, durante ese plazo, se pueda evaluar, analizar y generar una norma que corresponda a las actividades tanto de transporte como de la pequeña minería y minería artesanal”, comentó el asesor legal de Arcalib, Adolfo Valverde.
En esa línea, indicó que se han identificado algunos inconvenientes en la mencionada ordenanza que no fueron contemplados cuando se promulgó. “No se contaba con un informe de la Comisión de Transportes del Gobierno Regional ni del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Energía y Minas”, agregó.
Cabe precisar que el exconsejero regional por la provincia de Ascope, Greco Quiroz, informó que la Ordenanza Regional N°011-2022 permitirá que la Policía Nacional del Perú intervenga todo vehículo que transporte mineral, obligando al conductor portar un total de siete documentos legales, principalmente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) actualizado y con una vigencia de 24 horas.
