El vocero alterno de la Contraloría General de la República de La Libertad, Segundo Narro Jiménez, en diálogo para Macronorte.pe, aseveró que mediante informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 055-2023-2-0424-A, se evidenció el direccionamiento en la adquisición de 59 patrulleros para seguridad ciudadana, durante la última etapa de la gestión del exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), José Ruiz, en el año 2022.
“El informe ha sido muy claro, es que existió el direccionamiento para llegar a esos vehículos. Nosotros lo que estamos indicando, es que, a través de acciones inmotivadas, injustificadas, se fueron alterando las reglas de juego de las especificaciones técnicas requeridas para la contratación, lo cual conllevó a que solo una de las marcas pueda reunir las características. Esa condición afecta la esencia de los procedimientos de contratación pública, porque precisamente de lo que se trata es de que las entidades puedan elegir dentro de una pluralidad de ofertas, situación que no ocurrió en el presente caso”, señaló Narro.
En el citado informe se atribuye responsabilidad administrativa y penal a los siguientes funcionarios que participaron en la compra de las unidades móviles: Benigno William Rodríguez Vílchez, Alejandro Leoncio Mazuelos Ramos, Luis Miguel Arévalo del Castillo, Juan Enrique Chávez Castañeda, César Augusto Monja Soplopuco y Emer Alexander Torres Vera.
Para Narro Jiménez, la responsabilidad de los implicados queda demostrado en el favorecimiento que se le otorgó a un determinado postor para que resulte ganador. En ese sentido, los seis exfuncionarios ediles quedarían inhabilitados para ejercer la función pública por 5 años, esto de acuerdo al procedimiento administrativo sancionador.
“Aquí las responsabilidades no son únicamente administrativas, las responsabilidades son en primer lugar, hay indicios de responsabilidad penal por este direccionamiento, por este presunto favorecimiento a un determinado postor, a una determinada marca. En segundo lugar, lo que se está viendo es responsabilidad administrativa, que debe ser dilucidada, resuelta a través de la misma entidad (MPT), los implicados podrían ser inhabilitados para la función pública, esa es una de las consecuencias derivadas de los resultados del procedimiento administrativo sancionador”, señaló.
“En este informe se ha identificado presunta responsabilidad administrativa funcional, sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, que a través de sus órganos instructores y órganos sancionadores va tomar competencia sobre estos hechos. La función sancionadora de la Contraloría es la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por cinco años”, puntualizó.
Asimismo, indicó que tras detectar este direccionamiento, recomendaron a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, tomar las acciones penales correspondientes.
“En este caso, nosotros al haber identificado una presunta responsabilidad de naturaleza penal, hay una recomendación específica en el informe, en la cual se contempla la intervención de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, con la finalidad para que inicie las acciones penales contra los funcionarios y servidores que han sido comprendidos en los hechos revelados en el presente informe”, resaltó Narro.
