El crecimiento explosivo de la economía criminal en los últimos tres años ha impactado negativamente la calidad de vida y el desarrollo empresarial en todo el país, afectando la seguridad ciudadana y generando costos significativos.
La extorsión, la minería ilegal y otras actividades ilícitas han contribuido a un aumento del 400% en las denuncias per cápita por extorsión desde 2019, según datos de Ipsos. Además, el aumento de la violencia vinculada a la minería ilegal, como el reciente ataque a la minera La Poderosa, evidencia la creciente amenaza para la seguridad.
La inseguridad resultante tiene un impacto económico considerable, afectando el desarrollo empresarial en todos los niveles. Un estudio de Ipsos revela que el 86% de las bodegas en Lima considera la inseguridad y la extorsión como un problema grave para su crecimiento, alcanzando el 90% en el norte.
Además, el Fondo Monetario Internacional advierte que un aumento del 1% en el índice de homicidios tiene un impacto negativo del 0.3% en el crecimiento económico. El incremento de las actividades ilegales se ha visto exacerbado por factores como la pandemia, la falta de respuesta gubernamental efectiva, el debilitamiento económico y la crisis política.
Ante esta situación Apoyo Consultoría propone una estrategia enfocada en cuatro puntos clave: aumentar la efectividad policial mediante inversiones en tecnología e infraestructura, recuperar el orden interno para combatir la minería ilegal, concluir el proceso extraordinario de formalización minera y transferir la responsabilidad de fiscalización de insumos químicos al Ministerio del Interior para mejorar el control sobre la minería ilegal y el narcotráfico.
