Hace unas semanas, mediante Informe de Auditoría n° 076-2023, la Contraloría recomendó iniciar acciones legales contra varios funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad (GORE-LL) por estar implicados en la elaboración, supervisión y aprobación del expediente técnico del proyecto de edificación del Hospital de Virú, pese a que dicho documento estaba mal hecho.
Según el ente contralor, los funcionarios comprendidos en esta irregular situación y que tendrían presunta responsabilidad penal son: María Alejandra Maya Fernández, Carlos Rafael Torres Mosqueira, Jorge Andrés Rodríguez Villalobos y Raúl Amayo Lobato.
Es así que la Contraloría recomendó al gobernador César Acuña iniciar las acciones legales contra los funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad que resulten responsables. Asimismo, mediante Acuerdo, el Consejo Regional de La Libertad, a través del Acuerdo Regional N°09-2024-GRLL-CR, solicitó al procurador público especializado en delitos de corrupción iniciar con las acciones legales.
En esa línea, la consejera regional por Virú, Eddy Camacho, solicitó el retiro de Carlos Rafael Torres Mosqueira del cargo de Subgerente de Estudios Definitivos del GRLL.
“Consideramos que no debería estar ese señor (Carlos Torres) porque ha sido uno de los que está involucrado en las acciones de carácter penal que se deben dar a efectos de resarcir la situación que se dio a la provincia de Virú”, comentó para Macronorte.pe.
Cabe precisar que de acuerdo a la Contraloría, las irregularidades en el mencionado expediente técnico datan desde el 2017 hasta el 2023, durante la gestión regional de Luis Valdez Farías, Manuel Llempén y César Acuña. En el año 2017 se contrató los servicios de una consultora para que realice el expediente técnico y a otra empresa para que se encargue de la supervisión, generando un costo total de S/1,695,180,52.
Posteriormente, en el 2019, el expediente técnico fue observado por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), detallando que su elaboración se realizó sin cumplir con los términos de referencia ni las normas técnicas; generando un perjuicio económico de S/1,666,043,91.
Mientras, en la gestión regional de César Acuña se tomó acciones para reformular y actualizar el expediente técnico; con personal de planta del GRLL. Sin embargo, la Contraloría precisó que hasta el 17 de noviembre se pagó S/884,059,00; evidenciando un incremento del 60% con respecto al costo efectuado por contrata.
