El Gobierno Regional de La Libertad informó que 72 mil hectáreas de terrenos del Proyecto Especial de Chavimochic (PECH) se encuentran en litigio con Agrícola Chicama, de la familia Gildemeister.
El procurador regional de La autoridad, Pedro Armas, señaló que en una primera instancia el Poder Judicial emitió un fallo favorable para la entidad regional, sin embargo, se espera que en segunda instancia se tenga el mismo resultado de forma definitiva. Esta sentencia se dará a conocer el 1 de abril.
El terreno en litigio de 72 mil hectáreas, denominado Puente Tablas, atraviesa por el trazo donde irá el canal madre, lo que perjudicaría el avance de ese proyecto y, por ende, estaría poniendo en peligro el desarrollo de los 2 millones de liberteños. Y de forma especial, más de 5,600 agricultores del Valle Chicama se verían afectados por la falta de agua.
“El proyecto Chavimochic se defiende para que el desarrollo y la agricultura no se trunquen. Si Agrícola Chicama se interpone, pone en serio riesgo la ejecución del canal madre y por lo tanto no habría agua para irrigar 51 mil hectáreas del valle Chicama y perjudicaría a 5,600 agricultores que cada año necesitan agua. También se perjudicarían 100 mil empleos”, mencionó el gerente del PECH, Jhon Cabrera.
Antecedente
Armas Placencia indicó que en el 2015 la empresa privada Agrícola Chicama interpuso ante el Poder Judicial 5 demandas de amparo, a fin de adueñarse de más de 107 mil hectáreas de tierras erizas en el valle Chicama, jurisdicción de la provincia de Ascope, precisamente en zonas por donde pasará el canal madre de la irrigación Chavimochic.
En agosto del 2023 se produce la primera sentencia, respecto al predio de 72 mil hectáreas del denominado Puente Tablas. Esta sentencia fue favorable al Proyecto Chavimochic y al GORE. Con los otros 4 predios en litigio suman más de 107 mil hectáreas.
El procurador regional manifestó que este caso judicial no es cualquiera, sino que es un caso de trascendencia económica y social y que agrícola Chicama pretende adueñarse de estas tierras no para sembrarlas sino para venderlas.
“Los magistrados, más allá del tema jurídico, deben tener en cuenta la trascendencia social del fallo que emitan”, expresó.
