Asamblea de Gobiernos Regionales se divide por denuncias a presidenta Dina Boluarte

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El lunes 25 de marzo, mediante un comunicado, la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) daba a conocer que respaldaba el inicio de una investigación exhaustiva, por parte del Poder Judicial, de los hechos presuntamente delictivos que envuelven a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Asimismo, la ANGR dejaba en claro que no respaldaban actos irregulares que atenten contra la gobernabilidad del país, esto tras el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que reveló ingresos a las cuentas bancarias de la presidenta Dina Boluarte de S/1,1 millones de origen desconocido.

“Las regiones del país no respaldaremos actos manchados de ilegalidad que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad del país”, señalaba el comunicado de manera contundente.

Horas más tarde, 18 gobernadores regionales rechazaron el comunicado emitido por el ANGR y con un nuevo pronunciamiento manifestaban su respaldo absoluto a la jefa de Estado. Además, en la nueva misiva, remarcaron que el Consejo Directivo de la ANGR no podía atribuirse la representatividad de todos los gobiernos regionales, debido a que se emitió pronunciamientos que no fueron consensuados entre las respectivas autoridades.

“Ratificamos plenamente la voluntad democrática de las regiones que representamos y su incondicional apego al orden constitucional y a las instituciones legalmente constituidas”, precisaba el comunicado

Asimismo, señalaban que sabían de la existencia de amenazas al orden constitucional que venían siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país.

“Conscientes de la existencia de amenazas al orden constitucional, que vienen siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país, afectando el desarrollo y el crecimiento en perjuicio de los más pobres, invocamos a todos los actores políticos, sociedad en su conjunto y a todas las fuerzas democráticas a que actúen con responsabilidad preservando la plena vigencia del estado de derecho y buscando asegurar el bien común”, acotaba el pronunciamiento.