El pasado viernes 17 de mayo, el Poder Judicial dispuso la liberación de Nicanor Boluarte y del abogado Mateo Castañeda, revocando la detención judicial preliminar incomunicada que pesaba sobre ellos.
La titular de la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional, Sonia Torre, señaló, refiriéndose a la detención de estos personales, que la medida no resulta idónea.
La decisión también comprende a Noriel Chingay, Jorge Chingay y Jorge Luis Ortiz, involucrados al igual que Castañeda y Boluarte en el presunto delito de pertenencia a una organización criminal por el caso de los nombramientos de prefectos y subprefectos en el interior del país.
En ese sentido, la jueza consideró que la resolución con la que se dispuso la detención debe revocarse y disponerse la inmediata libertad de todos ellos. Esto implica, que los investigados cumplan a futuro con las disposiciones que se establezcan en el marco del proceso en el que están inmersos.
Torre indicó que la decisión de darles libertad se debe a que “no tenemos objetiva y razonablemente un dato sustentado con la objetividad correspondiente” para la aplicación de la detención preventiva.
La fiscalía solicitó la ampliación de la detención preventiva de Boluarte y Castañeda; requerimiento que, de esta manera, fue desestimado por el juzgado.
