6 funcionarios del municipio de Carabamba tienen responsabilidad administrativa por compra irregular de maquinaria pesada

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La Contraloría General de la República (CGR), encontró presunta responsabilidad administrativa funcional en 6 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Carabamba, ubicada en la provincia de Julcán, por aprobar la compra directa de maquinaria pesada de manera irregular, argumentando una «situación de emergencia».

En esa línea, el órgano de control precisó que el alcalde de Carabamba, Percy Blas Benites, incumplió sus deberes al aprobar mediante Resolución de Alcaldía la contratación directa de maquinaria pesada que no estaba destinada para prevenir los eventos por el fenómeno del Yaku, por lo que no reunía las condiciones exigidas por la Ley de Contrataciones del Estado para efectuar una compra directa, sin proceso de selección.

Asimismo, el gerente municipal, José Zambrano Cisterna, debido a que en su cargo también ejecutó la contratación directa de la citada compra de manera irregular, «más aún, habilitó a que se suscriba el contrato con un proveedor que no cumplió con las especificaciones técnicas y participó en el trámite de pago, sin observación alguna».

De igual manera, se mencionó que en esta irregular compra está involucrado el jefe de la Oficina de Asesoría Legal, David Hilario Aguilera, toda vez que no alertó el incumplimiento de las disposiciones que regula la causal de emergencia, ya que la adquisición no estaba destinada para prevenir los eventos de peligros inminentes ante las intensas precipitaciones en el distrito de Carabamba, sino, a un proyecto aprobado semanas antes de estos eventos.

Por su parte, Andy Guevara Reyes, quien se desempeña como subgerente de Maquinaria, Vehículos y Equipo; y Luis García Taboada, gerente de Infraestructura y Obras, incumplieron sus deberes debido a que “colaboraron para la ejecución de la compra directa con determinado proveedor, avalando a través de un informe las especificaciones y requerimientos técnicos, que son diferentes a las establecidas en el Proyecto de Inversión”.

En su calidad de jefe de la Oficina de la Logística y Control Patrimonial, Edwin García Vega, motivó y ejecutó la contratación directa de maquinaria pesada sin contar con el presupuesto debido, además, “otorgó la buena pro sin advertir que no se había acreditado especificaciones técnicas de una maquinaria, situación que estuvo hasta la emisión de la conformidad, sin observación alguna”.

Según la CGR, estos hechos ocasionaron que no se ejecute el proceso de selección correspondiente, restringiendo de esta manera el libre acceso y participación de proveedores y evitando que no se haya obtenido la maquinaria acorde a las características técnicas solicitadas.