De acuerdo a los resultados de la primera supervisión nacional a los 68 establecimientos penitenciarios del país, que se llevó a cabo como parte del trabajo desarrollado por el programa “Rompiendo Cadenas”, de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 141 181 hijas e hijos de personas privadas de la libertad, de los cuales 93 049 (66 %) son niños o adolescentes.
Del total de la cifra, 3287 hijos o hijas menores de edad de internos son extranjeros, principalmente de nacionalidades venezolana y colombiana. Además, 414 hijas e hijos menores de edad presentan discapacidad mental y 122 niñas y niños de 0 a 3 años viven dentro de 26 establecimientos penitenciarios.
La Defensoría del Pueblo señaló que esta situación, de tener a sus padres o madres privados de la libertad en un penal, genera en los niños trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, agresividad y dificultades de sociabilización. Además, podría ocasionar que se repitan los patrones de conducta delictiva de sus progenitores.
Frente a esta situación se anunció la Defensoría del Pueblo sugirió al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) la implementación de un plan integral de atención de las niñas y niños menores de 3 años que viven dentro de los establecimientos penitenciarios, que incluya cumplir con el esquema nacional de vacunación, la atención del control de crecimiento y desarrollo y la incorporación de suplementos alimentarios y hierro.
Incluso, solicitaron al Ministerio de Educación a crear un modelo de servicio educativo en el nivel secundario dirigido a adolescentes y jóvenes en situación de alto riesgo de vulnerabilidad, que comprenda el aseguramiento de infraestructura
