El congresista Juan Burgos presentó el proyecto de ley 08685/2024-CR que establece la privatización de los centros penitenciarios con la finalidad de “mejorar la eficiencia en la administración del sistema penitenciario, reducir el hacinamiento en los centros de reclusión y optimizar el uso de los recursos públicos”.
En ese sentido, la privatización de las cárceles se llevaría a cabo a través de un modelo de concesión, operación y mantenimiento a largo plazo, mediante el mecanismo de asociaciones público privadas, bajo la supervisión del Estado.
Dentro de la exposición de motivos, la iniciativa se ampara en los antecedentes en el Derecho Comparado, el cual toma como referencia los marcos legales de Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Brasil y Chile, países que implementaron la privatización en sus respectivos centros penitenciarios.
Entre otras, se encuentra el hacinamiento en las cárceles, ya que esta problemática, según señala la propuesta, tiene consecuencias en términos humanos, seguridad y rehabilitación de los internos.
En esa línea, la sobrepoblación en los centros de reclusión, indica Burgos, genera condiciones de vida inhumanas, facilita la propagación de enfermedades y aumenta la violencia intracarcelaria.
Respecto a los factores que generarían esta situación, se encuentran: «un sistema judicial ineficiente, legislación dura sin alternativas, desigualdad social y económica, uso excesivo de la prisión preventiva, incapacidad de albergue, insuficiente inversión en infraestructura penitenciaria e ineficiencia en la administración y gestión de las cárceles».
De acuerdo a la información del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a marzo de 2023, “la población penitenciaria total asciende a 90,516 internos, de los cuales 56,274 (62.2%) son sentenciados y 34,242 (37.8%) son procesados y está dividida en: población intramuros y extramuros”.
Por ello, la propuesta se respalda en el interés público fundamentándose en la necesidad de mejorar la eficiencia operativa, descongestionar las cárceles con la construcción de nuevos centros penitenciarios y fomentar la rehabilitación. Es decir, sin intervenir directamente en reformar el sistema judicial, el cual, como menciona el proyecto, es uno de los principales factores de esta situación.
