Macronorte ha corroborado que la empresa Cleaner & Garden SAC, de propiedad de Jamie Fortunato Castillo Miranda y Jessenia Elizabhet Urbina Romero, se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado, desde el 24 de noviembre de 2021 hasta el 24 de noviembre del presente año.
De acuerdo al portal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), la señalada empresa fue sancionada por “presentar documentos falsos o adulterados a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), o a la Central de Compras Públicas– Perú Compras”.
Además, Cleaner & Garden SAC, presenta 5 penalidades por un monto total aproximado de 25 mil soles. Entre ellas destaca, «penalidad por mala calidad de servicio, incumplimiento de remuneraciones e incumplimiento de obligaciones«, así como, «penalidad por la no entrega de insumos, implementos y/o equipos dentro del plazo y por mala calidad de servicio«.
Este medio de comunicación digital, también ha identificado que Jamie Fortunato Castillo Miranda, uno de los accionistas de la mencionada empresa, figura como representante y gerente general de DVF Corporation SAC, empresa cuestionada por presentar documentos falsos a EsSsalud La Libertad a fin de adjudicarse la buena pro de la “Contratación de servicio de mantenimiento de infraestructura de los establecimientos de salud de la Red Asistencial La Libertad”.
Según se reveló, la empresa DVF Corporation refirió a EsSalud 3 documentos (Constancia de prestación de servicios, Contrato privado de supervisión de obra y Acta de conformidad de supervisión de obra) que habían sido firmados por la empresa FAZ SAC.
Tras ello, se solicitó a la citada empresa que corrobore la autenticidad y veracidad de los documentos, sin embargo, Guillermo Zumaran, representante legal de FAZ SAC, indicó que las firmas estampadas en los documentos presentados por DVF no corresponde a su verdadera firma, deslindando toda responsabilidad.
Luego de revelarse que los documentos son falsos, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°505-PE-EsSalud-2024, se declaró de oficio la nulidad del proceso y en consecuencia se quitó la buena pro otorgada a la empresa DVF Corporation SAC.
Para el abogado y ex fiscal, Alfredo Galindo, la empresa podría obtener una sanción administrativa y hasta penal por el delito contra la fe pública. Asimismo, indicó que el tribunal de la OSCE tiene la facultad de decidir si se aplica una multa o inhabilitación temporal o definitiva a la empresa para contratar con el Estado, que en este caso podría ser hasta por un periodo de 36 meses (3 años).
