El congresista Waldemar Cerrón presentó el proyecto de ley N°8913/2024-CR de reforma constitucional que facultaría a los congresistas a requerir informes documentados a los organismos del sistema de justicia, obligando a jueces y fiscales a enviar datos importantes sobre procesos judiciales en trámite, con un tope máximo de 10 días hábiles para dar respuesta.
“Cualquier senador o diputado puede pedir información documentada a cualquier entidad pública o privada, incluidos los procesos judiciales que se desarrollan en cualquiera de las instancias procesales hasta la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional; en similar acto las actuaciones del Ministerio Público y las investigaciones reservadas en la Policía Nacional del Perú”, se lee en el documento.
El texto, suscrito también por los parlamentarios Flavio Cruz Mamani, María Agüero, Américo Gonza, Isaac Mita y Kelly Portalatino, todos de la bancada de Perú Libre, modificaría los artículos 96 y 154 de la Constitución con la supuesta finalidad de «fortalecer, garantizar el sistema de justicia en el país y fortalecer la función legislativa».
El proyecto contempla que, si una entidad de la administración de justicia se niega en reiteradas ocasiones a compartir la información de determinado proceso u omite el pedido de los legisladores, incurrirá en “falta muy grave”.
En la exposición de motivos, el parlamentario señala que este cambio normativo agrega al Congreso una función fundamental para el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado. En esa línea, precisa que al fiscalizar (solicitar información) al Poder Judicial o al Ministerio Publico, el Congreso contribuye a evitar la concentración de poder y el abuso del mismo, promoviendo un gobierno responsable, transparente y sobre todo con la finalidad fortalecer la seguridad jurídica en el país, y de esa forma recuperar la imagen alicaída en la administración de justicia en el país.
