La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra del parlamentario Darwin Espinoza Vargas, como presunto autor de los delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, en agravio del Estado.
El congresista, según el Ministerio Público, habría abusado de su cargo para presuntamente obligar a sus trabajadores a realizar aportes de sumas dinerarias que se destinó para la compra de obsequios y actividades de recolección de firmas en diferentes provincias de Áncash.
Asimismo, para cubrir sus gastos de transporte, hospedaje y alimentación para asistir a las mencionadas actividades, bajo amenazas de afectar la continuidad laboral.
También se le atribuye haber utilizado a siete trabajadores del Congreso para fines ajenos al servicio parlamentario «con la finalidad de juntar firmas para la inscripción del Movimiento Regional Adelante Áncash».
Del mismo modo, haber usado, para fines ajenos al servicio, instrumentos que le fueron asignados en actividades regulares, como el uso de un equipo multifuncional para impresiones, y del sistema de consultas en línea al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en actividades ajenas al servicio.
