El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para que los extranjeros que reingresen al país de manera ilegal o con documentos falsos luego de haber sido expulsados por cometer un delito o recibir una sanción administrativa firme serán sancionados con una pena no menor de seis ni mayor de diez años de prisión
La iniciativa, que modifica el artículo 303-C del Código Penal, incrementa las sanciones para el reingreso clandestino e ilegal de migrantes, lo que implicará ahora una prisión efectiva. La norma anterior establecía penas de dos a cuatro años de prisión.
Asimismo, el proyecto de ley propone duplicar las penas para el tráfico ilícito de migrantes, el mismo que será sancionado con no menos de ocho años de cárcel ni más de 12 para el que promueva, favorezca, financie o facilite el ingreso o reingreso ilegal o el tránsito irregular en el país de otra persona con la finalidad de obtener beneficios.
La pena será no menor de 10 ni mayor de 14 años cuando se comete el delito abusando de la función pública; cuando el agente es promotor de una organización social, tutelar o empresarial; cuando existe pluralidad de víctimas, y cuando la víctima tiene 14 años o menos de 18 años.
El Poder Ejecutivo argumenta que frente al aumento de la delincuencia común y organizada extranjera es necesaria una respuesta por parte del Estado, y advierte de la importancia de fortalecer las medidas de control, especialmente en la frontera de Tumbes, para mitigar los índices de inmigración ilegal.
