El candidato a decano del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL), Martín Ordinola Vieyra, denunció públicamente una grave irregularidad administrativa que afecta la legitimidad y transparencia de la actual gestión del gremio.
Según Ordinola, la actual junta directiva no se encuentra inscrita en Registros Públicos, lo que, a su juicio, representa una vulneración al estatuto institucional y compromete la legalidad de las decisiones que se vienen tomando.
“No puede ser posible que, siendo abogados, nos estemos rigiendo por una junta que formalmente no existe ante la ley. He tenido acceso a la partida registral del Colegio y esta situación no ha sido regularizada. Es una negligencia preocupante que debe ser explicada”, expresó Ordinola.
La preocupación del candidato se agrava al referirse al manejo financiero de la institución. Ordinola denunció que, pese a la falta de inscripción, se estarían realizando movimientos bancarios utilizando firmas de la gestión anterior, lo que —según sostuvo— es ilegal y contrario al estatuto interno.
“Nos hemos enterado de que los asuntos económicos se siguen gestionando con la firma del anterior consejo directivo. ¿Cómo se están haciendo esas operaciones si la actual directiva no tiene sustento legal? Esto es serio y requiere una auditoría”, señaló.
Ordinola también advirtió que esta situación generará una cadena de irregularidades que deberá afrontar la siguiente gestión, cualquiera sea el resultado electoral.
“El problema es que, al no haber un adecuado traspaso con registros formales, se generará una carga administrativa y legal que la próxima directiva tendrá que resolver”, agregó.
Para atender esta situación, remarcó que su lista cuenta con el respaldo del abogado Isaac Muñoz Alva, especialista en Derecho Registral, quien —de ser electos— se encargará de sanear y regularizar la inscripción del Consejo Directivo, así como ordenar la situación documental y económica del colegio.
Finalmente, el postulante exigió a la actual dirigencia informar públicamente las razones de esta omisión.
“La comunidad legal merece saber por qué esta junta no ha sido inscrita. Estamos hablando de un colegio profesional que debe ser ejemplo de legalidad y transparencia. No podemos exigir respeto a la ley si internamente la estamos vulnerando”, concluyó.
