Hace más de siete meses que fueron asesinados los trabajadores mineros Andy Hideky Bocanegra Santos (29) y Dany André Meléndez Huaroto (22); sin embargo, sus cuerpos aún no han sido entregados a sus deudos porque no se cuenta con la prueba de ADN que permitiría su identificación plena.
Padres de familia de ambas personas se reunieron con las autoridades de la División Médico Legal II La Libertad, quienes les han confirmado que por las descripciones que enviaron coinciden con los cuerpos que fueron traídos desde Pataz en octubre a la morgue, pero para entregarlos se necesita su plena identificación.
Daniel Bocanegra, padre de Andy Hideky, pidió a la presidenta Dina Boluarte para que brinde los recursos a los médicos forenses para que se apliquen las pruebas necesarias para su identificación y entrega respectiva. Él contó que su hijo trabajaba para un tal Dunga, que tenían vínculos con un sujeto conocido como Cuchillo, quien brindaba servicio a la empresa minera La Quebrada o El Monte, la misma que operaba en los centros poblados Pueblo Nuevo y Zarimilla, en el distrito de Pataz.
Asimismo, mencionó que la última vez que habló con su hijo fue el 16 de septiembre, y que le decía que le debían alrededor de S/150 mil por los servicios que él y su gente había prestado para esta personas. Él era técnico en maquinaria pesada.
Su hijo deja dos hijos en orfandad, que ahora está en manos de los abuelos. «Con los tatuajes que tiene mi hijo se ha podido determinar que está aquí, pero aún falta la prueba de ADN«, acotó.
La otra víctima es Dany Andrés Meléndez Huaroto (22), quien también se encuentra desaparecido desde el 17 de septiembre del 2024. Su madre, Rosa Huaroto, contó que su hijo trabajaba hace cuatro meses en la mencionaba zona minera, y que la última vez que habló con él fue el 17 de septiembre, a las 19:00 horas, y que aquel día le dijo que estabas esperando que les pagaran.
Ambos padres coinciden la teoría que los asesinaron para no pagarles el dinero que les deben. Otros nombres que aparecen en esa lista son Oscar, Benhur y Jostin, cuyos familiares también esperan novedades sobre su paradero. Las cinco víctimas fueron halladas en octubre del 2024, en una fosa común en un socavón en el distrito y provincia de Pataz.
Al respecto, la representante de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, María del Carmen Olórtegui, señaló que los cuerpos no han sido identificados por la falta de equipos. «Faltan equipos de planta, kits de ADN, lo que se necesita para hacer las investigaciones y terminar la identificación. Nosotros en las diferentes inspecciones hemos alertado sobre esta situación» señaló.
