El Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcoy dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jhon Faustino Olizeti Yauri Unocc, César Augusto Álvarez Alburqueque, Jhon Clenin Carhuaricra Uzuriaga, Rubén Alonzo Estrada Pacheco, Marcos Abel Briones Vásquez y Abraham Huancas Flores, investigados por tenencia ilegal de armas y explosivos.
Según la investigación fiscal y policial, los imputados enfrentan dichos cargos, así como por violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, en agravio de la Policía Nacional del Perú, específicamente del grupo GRECO y de los efectivos que participaron en la intervención.
El operativo se llevó a cabo el pasado 03 de junio, cuando personal policial y del Ejército intervino en el sector “Los Tubos”, anexo de Pueblo Nuevo, distrito de Pataz, tras recibir información de inteligencia sobre la existencia de armamento y actividades ilícitas. Durante el ingreso, alrededor de las 5:30 a.m., los agentes del grupo GRECO fueron emboscados y atacados con disparos de armas de fuego desde distintos puntos estratégicos, resultando herido el ST3 PNP César Meléndez Miranda, quien recibió un impacto de bala en el muslo izquierdo.
Tras repeler el ataque, los efectivos lograron la captura de los involucrados y el decomiso de un significativo arsenal: cuatro armas de fuego (incluida una carabina CZ BREN de calibre .223), 298 municiones de diversos calibres prohibidos para uso civil, cacerinas y casquillos percutidos. El lugar intervenido está vinculado a la empresa “Grupo Empresarial Olortegui E.I.R.L.”
Las diligencias revelaron que algunos de los detenidos poseían licencias vencidas, canceladas o fuera de su ámbito legal, mientras otros no contaban con autorización alguna para portar armas. Además, se estableció que los atacantes actuaron de forma organizada y coordinada, evidenciando una estructura armada al servicio de actividades de minería ilegal, con capacidad de fuego de alto poder letal, lo que constituye una amenaza directa a la seguridad pública y a la autoridad policial.
El Ministerio Público sustentó la necesidad de la prisión preventiva argumentando la gravedad de los hechos, la organización delictiva detrás de los implicados y el riesgo de fuga y obstaculización de la investigación.
