La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó el dictamen que establece la inhabilitación definitiva de las empresas implicadas en presuntos delitos de corrupción, nacionales y extranjeras, y de las personas naturales o jurídicas que abandonen ilegal o injustificadamente las obras públicas.
El dictamen, aprobado por mayoría, modifica la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal y la Ley General de Contrataciones Públicas para establecer como sanciones la suspensión de actividades por un periodo no menor de 6 meses ni mayor a 2 años, la prohibición de realizar a futuro las mismas actividades en caso de sentencia penal o ejecutoriada y el impedimento para contratar con el Estado.
De igual forma, la comisión aprobó por mayoría el dictamen que regula las funciones y sanciones de los supervisores de obras públicas y que crea el Registro de Supervisores y Proyectistas y el Registro de Control de Garantías de las empresas autorizadas, a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros.
