El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda del Ministerio Público contra el Congreso, mediante la cual se buscaba cuestionar las facultades otorgadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) para liderar actos de investigación durante los procesos fiscales.
Sin embargo, el TC condicionó la validez de las normas impugnadas a que se interpreten conforme a los fundamentos expresados en la propia sentencia, dejando en claro que su aplicación no puede desbordar el marco constitucional.
El fallo resuelve una controversia generada por la reforma legal que amplió las competencias de la Policía para conducir investigaciones preliminares. La Fiscalía había denunciado que dicha norma vulneraba su rol como titular de la acción penal.
No obstante, el TC concluyó que la actuación policial es constitucional siempre que se dé dentro de los límites establecidos por la ley y bajo control fiscal.
Este pronunciamiento consolida la participación de la Policía Nacional como actor directo en la persecución penal, especialmente en casos de flagrancia o de criminalidad organizada.
En su resolución, el colegiado exhortó al Ministerio Público y a la PNP a elaborar protocolos de actuación interinstitucionales para articular una “estrategia permanente, eficaz y eficiente” en la persecución del delito, bajo el principio de colaboración entre poderes e instituciones del Estado.
