La Municipalidad Distrital de Laredo, liderada por el alcalde Sergio Vílchez, adjudicó la buena pro de la obra “Ampliación del servicio vehicular y peatonal de las vías de la zona urbano sur del distrito de Laredo”, al Consorcio Vial Laredo, integrado por ISUM Contratistas y Empresa de Servicios Generales D&A, por un monto de S/ 8,849,548.01.
Sin embargo, este caso viene generando serios cuestionamientos tras revelarse irregularidades e inconsistencias en la propuesta ganadora. De acuerdo a la revisión de la oferta, se demostraría que solo una de las empresas asume íntegramente las sanciones y responsabilidades contractuales, mientras la otra queda prácticamente libre de compromisos.
La situación es aún más preocupante si se toma en cuenta la Resolución N°2821-2025-TCE-S4, en la que el Tribunal de Contrataciones del Estado observó un caso análogo: un consorciado que, pese a tener solo el 60% de participación, asumía la totalidad de responsabilidades. El TCE determinó que ello constituye información incongruente y contraviene la normativa, pues la responsabilidad de los integrantes debe ser solidaria, nunca exclusiva.
El colegiado refirió: “no resulta razonable que se responsabilice a un solo consorciado por la totalidad de las obligaciones contractuales… cuando el porcentaje de su participación es parcial”.
El documento de compromiso establece que Servicios Generales D & A S.R.L. asume todas las obligaciones frente a la entidad, incluyendo multas, penalidades y sanciones, mientras que Isum Contratistas E.I.R.L. no asume responsabilidades directas.
Ante estas evidencias, solicitan que el Órgano de Control Institucional (OCI) y el propio OSCE evalúen de oficio la legalidad de la adjudicación a fin de prevenir que este tipo de presuntas irregularidades se materialicen en la ejecución de la obra, donde los perjuicios económicos y técnicos podrían recaer sobre la Municipalidad de Laredo.
De otro lado, se debe mencionar que la empresa ISUM Contratistas E.I.R.L., integrante del Consorcio Vial Laredo, fue sancionada en enero de 2024 por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Resolución Nº 00071-2024-TCE-S2) con una suspensión temporal para contratar con el Estado.
El motivo de la sanción fue el incumplimiento injustificado en la obligación de perfeccionar un contrato derivado de una licitación pública convocada por la Universidad Nacional de Huancavelica.
