La minería ilegal no solo contamina ríos y destruye ecosistemas, también golpea las finanzas de los gobiernos regionales. Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en 2025 el Perú dejará de percibir S/ 2 600 millones en canon minero porque los operadores ilegales no pagan impuestos.
En este escenario, La Libertad es una de las regiones más afectadas: pierde S/ 215 millones este año, un dinero que pudo destinarse a hospitales, escuelas y carreteras.
Pérdidas millonarias en todo el país
El impacto de la evasión es devastador: Puno: S/ 460 millones menos, Arequipa: S/ 450 millones, Madre de Dios: S/ 240 millones, Apurímac: S/ 213 millones y Ayacucho: S/ 160 millones.
En paralelo, los gobiernos subnacionales sí reciben miles de millones de la minería formal, pero los malgastan o no los ejecutan. Solo en 2025 ingresaron S/ 8 340 millones por canon y regalías; sin embargo, hasta agosto, apenas se había invertido el 40 % en obras.
Un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) muestra que, mientras más dinero reciben, menos capacidad tienen para gastarlo: el 65 % de municipalidades carece de equipos técnicos para formular proyectos y los gerentes duran en promedio 10 meses en sus cargos, lo que bloquea la continuidad de la gestión.
Despilfarro y corrupción
Cuando se logra gastar, se gasta mal. Ejemplos sobran: en Yarabamba (Arequipa), con apenas dos mil habitantes, se construyó un estadio para cuatro mil personas, mientras los vecinos siguen recibiendo agua en cisternas. Entre 2015 y 2024, los gobiernos subnacionales dejaron sin ejecutar S/ 43 500 millones. Con esa cifra se pudieron haber levantado 553 Escuelas Bicentenario, 8 700 centros de salud de primer nivel o financiar programas sociales como Pensión 65 y Juntos.
La doble pérdida
La situación se resume en dos frentes: La incapacidad de gasto y la corrupción hacen que los recursos del canon formal se diluyan sin beneficiar a la población y la minería ilegal evade impuestos, privando a las regiones de ingresos que nunca llegan a sus arcas.
El resultado: hospitales vacíos, colegios inseguros y carreteras sin asfaltar, mientras la población sigue esperando que la bonanza minera se traduzca en calidad de vida.
