La Contraloría General de la República, en su Informe de Control Específico N°010-2025-2-3614-SCE, reveló que la Municipalidad provincial de Gran Chimú, liderada por el alcalde Diber Pérez, no adquirió oportunamente los bienes alimenticios para el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), desabasteciendo de la ración obligatoria mensual a los beneficiarios durante los meses de marzo a junio de 2024.
Según detalla el órgano de control, el municipio de Gran Chimú no logró la finalidad de ofrecer una ración mensual de alimentos a los beneficiarios considerados población objetiva, dejando de asegurar la provisión completa y oportuna de bienes alimenticios.
Esto, “generó un desabastecimiento que afectó a las personas en situación de vulnerabilidad, privándoles de recibir las raciones alimentarias y poniendo en riesgo su salud, ya que, por su precaria situación económica, no estaban en condiciones de atender sus necesidades elementales”.
La situación descrita ha sido ocasionada por la falta de diligencia de Wildor Constante Rodríguez Diaz, en su calidad de gerente Municipal, por no haber efectuado la adecuada gestión municipal en las labores de supervisión y coordinación con las áreas competentes bajo su dependencia.
“Conllevando de esta manera se transgreda las normas que regulan el sistema administrativo de abastecimiento, y que no se adquiera los bienes alimenticios para los usuarios del PCA para el periodo 2024, de manera oportuna”, se lee en el documento.
También se identificó responsabilidad en Percy Abdias Marreros Bemales, en su calidad de gerente de Desarrollo Social y Servicios Comunales, por no haber efectuado las labores de supervisión, monitoreo y seguimiento al requerimiento de la adquisición de los bienes alimenticios para el PCA
Del mismo modo, Mario Daniel Gonzales Torres, en su calidad de jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial, no dirigió ni controló y ni ejecutó las acciones necesarias para la adquisición de los bienes alimenticios de manera oportuna, actuando sin la debida diligencia en el ejercicio de sus funciones.
Asimismo, ha sido ocasionada por el jefe de la División de Programas Sociales PCA — PVL — ULE, Segundo Amaro Diaz León, al no haber realizado el seguimiento al requerimiento que ya había realizado para la adquisición de los bienes alimenticios para el PCA.
De acuerdo a la Contraloría, los citados funcionarios tendrían presunta responsabilidad administrativa funcional, por lo que la Municipalidad de Gran Chimú debería iniciar el procedimiento administrativo a las personas involucradas.
