La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó sancionar con penas de cárcel de 15 a 25 años a quienes accedan ilícitamente a información, datos o sistemas informáticos y amenazan con divulgar, eliminar, alterar o inutilizar dicha información a cambio de obtener beneficio económico o causar perjuicio a la víctima.
Asimismo, la pena será no menor de seis ni mayor de diez años de prisión si la conducta afecta sistemas informáticos de uso público o institucional, o compromete la seguridad pública, la continuidad de servicios esenciales o infraestructuras críticas.
El referido proyecto de ley, aprobado en la comisión por unánime, modifica el artículo 200 del Código Penal para incorporar los delitos de extorsión cibernética y adecuar la redacción de los delitos informáticos al Convenio de Budapest y con ello llenar un vacío legal. Este proyecto de ley debe ser aprobado por el pleno para entrar en vigencia
