La Comisión de Mujer y Familia del Congreso aprobó, por unanimidad, el dictamen que plantea proteger a niños y adolescentes de personas procesadas por delitos contra la libertad sexual, proxenetismo y ofensas contra el pudor.
Con esta decisión, el grupo parlamentario que preside la legisladora Milagros Jáuregui, avanzó en la construcción de un marco legal que ordena retirar, de manera inmediata, a cualquier trabajador procesado por dichos delitos de instituciones públicas y privadas que brindan servicios dirigidos exclusivamente a menores.
El texto aprobado establece la separación preventiva sin goce de haber desde el momento en que el juez dicta el auto de enjuiciamiento, y precisa que el Poder Judicial debe notificar a la entidad empleadora para que ejecute la medida.
La norma también determina que la desvinculación será definitiva si una sentencia firme declara culpable a la persona implicada. Asimismo, se dispone que el Poder Ejecutivo reglamente la ley en un plazo máximo de 60 días y que las instituciones adecuen sus procedimientos internos para asegurar su cumplimiento.
