El valle Chicama volvió a teñirse de sangre. La tarde del pasado jueves 18 de diciembre, sicarios asesinaron a balazos a la regidora de Chicama, Elena Rojas Alcalde, cuando participaba en un evento navideño en la localidad de Sausal. El ataque no solo acabó con su vida, sino que también dejó 7 niños heridos, en un hecho que ha conmocionado a la población.
Rojas Alcalde no era una regidora más. Era la única integrante del concejo distrital que ejercía una fiscalización constante y frontal contra la gestión del alcalde Edilberto Bada Castillo, denunciando en reiteradas ocasiones que existían presuntos actos de corrupción dentro de la Municipalidad Distrital de Chicama.
Este no fue el primer atentado que sufrió la regidora. El 12 de diciembre de 2024, delincuentes colocaron una carga explosiva debajo de su camioneta, estacionada frente al municipio distrital. Afortunadamente, una falla en la mecha de las dinamitas evitó una explosión que habría causado graves daños materiales y posiblemente víctimas mortales.
Ese actuar criminal habría tenido como fin amedrentar el trabajo de fiscalización que venía realizando Elena Rojas a la gestión del alcalde Edilberto Bada. En su momento, la funcionaria dejó en claro que nunca había recibido algún tipo de amenaza, pero que continuaría denunciando presuntos actos de corrupción que detecte en la gestión municipal.
“Estoy pasando por un momento crítico, nunca antes había recibido amenaza alguna, no he sido víctima de extorsión, ni me han pedido dinero. El día de ayer un individuo colocó un artefacto explosivo debajo de mi carro; considero que para tratar de amedrentarme. Desde inicios de la gestión he venido trabajando mi tema de fiscalización. No es la primera vez que han tratado de callar mi voz, sobre hechos que he venido denunciando sobre muchas irregularidades y actos de corrupción en la gestión municipal”, manifestó a Macronorte.pe
A inicios de este año, en una sesión extraordinaria, la regidora fue suspendida por el propio Concejo Municipal de Chicama, por un período de 30 días, bajo el argumento de haber cometido una “falta grave” por sus publicaciones en redes sociales.
Los regidores señalaron sentirse ofendidos por sus declaraciones, en las que Elena Rojas advertía que tanto el alcalde como los demás concejales no estarían advirtiendo presuntos actos de corrupción que se darían en el municipio.
La suspensión se dio en un contexto donde la regidora venía fiscalizando de manera permanente la ejecución de obras municipales, información que posteriormente fue recogida por la Contraloría General de la República para iniciar investigaciones y determinar posibles responsabilidades administrativas y penales.
En julio de 2024, este medio de comunicación digital dio a conocer que dos de los tres regidores integrantes de la Comisión Especial Investigadora habrían blindado al entonces gerente municipal, Patrick Raymond Quispe Rodríguez, investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación de bienes y servicios a empresas vinculadas a su socio.
Elena Rojas, también integrante de dicha comisión, elaboró un informe propio, denunciando obstáculos injustificados durante el proceso, como la negativa a entregarle información completa, lo que retrasó la investigación.
Según su informe, existirían indicios de actos irregulares en beneficio de proveedores vinculados a Jorge Enrique Terry Mendoza, socio del exgerente municipal Patrick Quispe Rodríguez en la empresa KMP Contratistas Generales S.A.C. Por ello, la regidora recomendó que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Ascope asumiera el caso conforme a ley.
Una de las últimas fiscalizaciones fue en octubre del presente año, donde a través de la Carta N°0024-2025-ERRA-RMDCH, la regidora Elena Rojas informó al alcalde Edilberto Bada sobre irregularidades encontradas durante sus visitas de fiscalización a la obra de agua potable que se ejecuta en el caserío La Mónica.
Según se detalla en el informe, el 15 de setiembre del presente año, no se encontró en la obra al ingeniero residente, ni al ingeniero supervisor. Además, el personal que se encontraba laborando no contaba con los equipos de protección correspondientes.
La regidora de Chicama también refirió que, en su última inspección, realizada el 9 de octubre, aparte de no encontrarse los ingenieros antes mencionados, se identificó que la obra no cuenta con un almacén y que algunas partidas no se estaban ejecutando como indica el expediente técnico.
Ante ello, la regidora solicitó medidas correctivas inmediatas al alcalde Bada, e incluso recomendó rescindir los contratos del personal ausente, para garantizar la calidad de la obra y el uso adecuado de los recursos públicos.
Hasta el cierre de esta nota, el asesinato de la regidora Elena Rojas Alcalde continúa en investigación. Sin embargo, la secuencia de hechos plantea serios cuestionamientos sobre la protección a los funcionarios fiscalizadores y la falta de garantías para que denunciar presunta corrupción no se convierta en una sentencia de muerte.
