La Municipalidad Distrital de Chicama continúa en el ojo mediático luego que un informe de la Contraloría revelara que exfuncionarios de la gestión del alcalde Edilberto Bada Castillo, recibieron doble sueldo al contratar simultáneamente, bajo la modalidad de locación de servicios, con otros municipios.
De acuerdo al documento del órgano de control, los involucrados son Sandra Vásquez Romero (ex subgerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional), Yonel Ávila Armas (ex subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano) y Jesús Joel Cáceda Epifanía (Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano).
Sobre Vásquez Romero se detalla que asumió el cargo el 3 de enero de 2023 hasta el 8 de julio de 2024 en el municipio de Chicama. Sin embargo, se identificó que durante ese periodo contrató simultáneamente con la Municipalidad Provincial de Contumazá y la Municipalidad Distrital de Rázuri.
Respecto a Yonel Ávila se corroboró que contrató con la Municipalidad Provincial de Gran Chimú, la Municipalidad Distrital de Curgos y Municipalidad Distrital de Simbal en el periodo comprendido del 3 de enero de 2023 al 19 de junio de 2023, pese a que durante esas fechas se encontraba ocupando el cargo en Chicama.
La Contraloría también encontró a Jesús Joel Cáceda, quien desde el 19 de enero de 2024 a la fecha ocupa el cargo de subgerente de Infraestructura en la citada comuna distrital. Según se refiere, el exfuncionario contrató con la Municipalidad Distrital de Chocope en el periodo cuando aún se encontraba laborando en otra empresa, por lo que estaba impedido.
“Incurrieron en doble percepción de ingresos del Estado al contratar de manera simultánea con otras entidades públicas, afectando el deber de dedicación exclusiva al cargo público, así como el correcto funcionamiento de la administración pública, generando perjuicio económico de s/ 129 950,00″, aseveran.
Es así que, a los 3 exfuncionarios mencionados se les halló presunta responsabilidad civil y administrativa funcional, por lo que se pidió a la Procuraduría Pública de la Contraloría iniciar las acciones legales civiles correspondientes.
