La actual gestión del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental La Libertad (CIP CDLL), liderado por Enrique Luján, enfrenta serios cuestionamientos tras la difusión del primer informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Evaluación de Gestión (CRCYEG), en el que se advierten presuntas irregularidades en el manejo económico correspondientes al primer semestre de 2025.
Según detalla la comisión, recibió documentación incompleta y deficiente: vouchers físicos solo de los meses de enero y febrero, y archivos virtuales de marzo a junio. Durante la revisión se detectó la ausencia de firmas del decano, tesorero y usuarios, falta de visado contable y ausencia de correlación numérica en los comprobantes.
Uno de los hallazgos más graves fue el presunto fraccionamiento de compras, conocido como “pagos pitufeados”, práctica que habría sido utilizada de manera sistemática para evitar procesos de selección competitivos. Este mecanismo se identificó tanto en vouchers físicos como en documentos virtuales remitidos por la gestión encabezada por Enrique Luján.
De acuerdo con el informe, los pagos fraccionados se realizaron en diversas adquisiciones, como útiles de limpieza, la campaña “Obsequios Pronto Pago 2025”, gastos de la Comisión de Deportes durante las Olimpiadas Intercolegios Profesionales, trabajos de pintado de la sede institucional y otros servicios. En varios casos, los montos superaron una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), lo que obligaba a contar con contratos y al menos tres cotizaciones, requisitos que no fueron cumplidos.
Otro caso fue la compra de morrales y gorras para la campaña “Obsequios Pronto Pago 2025”. Aunque la asamblea aprobó la adquisición de 2 mil morrales y 2 mil gorras, finalmente se compraron 3,500 morrales y 1,000 gorras mediante siete pagos fraccionados por un total de S/ 77 mil. La buena pro había sido otorgada a la empresa Amaya Digital E.I.R.L. por S/ 32 mil, pero sin contrato ni especificaciones técnicas, lo que habría generado un exceso de gasto de S/ 43 mil.
El informe también advierte la contratación de servicios sin expedientes, especificaciones técnicas ni supervisión, con montos que ascienden a S/ 229,679. A ello se suma la desaparición de más de 400 expedientes entre febrero y junio, situación que habría generado un grave descontrol administrativo y posibles perjuicios económicos para la institución.
En sus conclusiones, la CRCYEG señala que el Consejo Directivo podría ser procesado ante el Consejo Departamental de Ética por presunta negligencia en la gestión de fondos, incumplimiento de la normativa interna y falta de transparencia. En el ámbito penal, el fraccionamiento sistemático de pagos y la carencia de expedientes evidenciarían una posible intención de eludir controles para favorecer a determinados proveedores, lo que abre la posibilidad de denuncias ante el Ministerio Público por presuntos delitos contra el patrimonio y la administración de personas jurídicas.
Entre otros gastos observados figuran los trabajos de pintado de la sede institucional, que alcanzaron S/ 50,671 mediante pagos fraccionados, y los desembolsos por la semana de aniversario del CIP, donde se registraron vouchers sin expedientes ni documentación de respaldo por un total de S/ 69,102. Asimismo, la Comisión de Deportes no habría rendido cuentas por más de S/ 39 mil entregados en efectivo para las Olimpiadas Intercolegios Profesionales.
