El congresista liberteño Víctor Flores, hoy candidato al Senado por Fuerza Popular, votó a favor de casi todas las normas calificadas por diversos sectores como “leyes procrimen”, un conjunto de iniciativas que, lejos de fortalecer la seguridad ciudadana, han sido cuestionadas por debilitar herramientas clave del sistema de justicia.
Entre estas decisiones destaca su respaldo a una norma que limita la capacidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para incautar explosivos a mineros informales, una medida que podría facilitar actividades ilegales vinculadas no solo a la minería clandestina, sino también a economías criminales más amplias.
A ello se suma su apoyo a la controvertida redefinición del concepto de organización criminal, criticada por especialistas por reducir el alcance legal necesario para perseguir estructuras delictivas complejas.
Asimismo, Flores votó a favor de establecer un límite máximo de un año para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal durante la formalización de la investigación preparatoria. Esta modificación, según juristas, podría favorecer la impunidad en casos complejos que requieren más tiempo para su adecuada investigación.
El congresista también respaldó la Ley 32054, que exonera a los partidos políticos de responsabilidad penal y de consecuencias accesorias graves. En la misma línea, apoyó la Ley 32108, que exige la presencia obligatoria del abogado defensor durante allanamientos en investigaciones preliminares.
Finalmente, su voto a favor de la Ley N° 32326 sobre extinción de dominio también ha generado críticas, al considerarse que introduce obstáculos adicionales para recuperar bienes obtenidos ilícitamente.
