El congresista de Fuerza Popular y actual candidato al Senado por La Libertad, Víctor Flores, impulsa su campaña en una región afectada por la minería ilegal e informal, mientras mantiene intereses directos en ese sector. Según se ha identificado, es accionista de una empresa con concesiones donde opera un actor inscrito en el cuestionado Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Registros oficiales indican que llegó a tener nueve concesiones mineras en La Libertad y Piura. Cinco fueron extinguidas entre 2017 y 2021 por caducidad o falta de pago. Las otras fueron transferidas.
Tres de ellas, Marilia XXI, Marilia XXIII y Marilia XXVII, pasaron en 2017 a la Compañía Minera Marilia & FCS S.A.C., donde hoy Flores posee más de un millón de acciones valorizadas en más de S/ 1 millón. Así, dejó de figurar como titular directo, pero mantiene control económico a través de la empresa.
Actualmente, Marilia & FCS S.A.C. registra cinco concesiones vigentes en Piura, según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). En estas áreas, ubicadas en Ayabaca, opera el Consorcio C & G, inscrito en el Reinfo como “minero en vías de formalización”.
En este caso, la empresa vinculada a Flores mantiene la titularidad de concesiones donde la actividad extractiva es realizada por un operador en proceso de formalización.
Flores también impulsa el proyecto de ley 11238/2024-CR, que propone un nuevo régimen para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Un análisis de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advierte que la propuesta podría reproducir e incluso agravar los problemas del Reinfo, al contemplar la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a mineros inscritos en registros administrativos sin exigir el cumplimiento pleno de estándares ambientales.
Según ese informe, la iniciativa podría facilitar que operadores ilegales continúen sus actividades amparadas en registros formales, debilitando el marco penal y ambiental en un contexto de expansión de la minería ilegal.
