El congresista y actual candidato al Senado por Fuerza Popular, Víctor Flores, ha puesto la seguridad ciudadana en el centro de su discurso como parte de su campaña electoral. El parlamentario asegura que impulsará medidas firmes contra el crimen organizado, como la implementación de tribunales sin rostro y el refuerzo de operativos policiales.
Sin embargo, su historial legislativo evidencia un panorama distinto. Durante los últimos años, Flores ha votado a favor de diversas normas que han sido catalogadas por especialistas y distintos sectores como “leyes procrimen”. Estas iniciativas, lejos de fortalecer la lucha contra la delincuencia, han sido duramente cuestionadas por debilitar herramientas clave del sistema de justicia.
Uno de los casos más sensibles es su respaldo a una ley que limita la capacidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para incautar explosivos a mineros informales. La modificación eliminó un mecanismo que permitía a la PNP actuar de manera inmediata ante la posesión ilegal de estos materiales, sin necesidad de atravesar procesos burocráticos.
Antes, la simple constatación bastaba para excluir a los implicados del REINFO; hoy, ese margen de acción se ha reducido, abriendo una posible puerta a actividades ilícitas vinculadas no solo a la minería ilegal, sino también a redes criminales más amplias.
A ello se suma su apoyo a la controvertida redefinición del concepto de organización criminal, una medida criticada por especialistas por restringir el alcance legal necesario para perseguir estructuras delictivas complejas. Para diversos analistas, este cambio podría dificultar investigaciones de gran escala, debilitando la capacidad del Estado para desarticular mafias.
Asimismo, Flores respaldó la imposición de un límite máximo de un año para la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal durante la etapa de investigación preparatoria. Juristas advierten que esta disposición podría favorecer la impunidad en casos complejos, que suelen requerir más tiempo para ser investigados con rigurosidad.
En ese contexto, el contraste entre su discurso actual y sus decisiones en el Congreso genera cuestionamientos, debido a que mientras promete mano dura contra la criminalidad, durante su trayectoria como parlamentario respaldó normas que, según expertos, habrían debilitado la lucha contra el crimen.
