La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó dos informes de calificación que declaran improcedentes denuncias constitucionales contra la la expresidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra.
La primera es la Denuncia Constitucional 517, formulada por el congresista Juan Burgos Oliveros contra Boluarte Zegarra y contra el expresidente del Consejo de ministros Gustavo Adrianzén Olaya, por presunta infracción constitucional.
Se les acusó de haber limitado el derecho fundamental a la negociación colectiva de los trabajadores del sector público. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones.
La segunda es la Denuncia Constitucional 657, presentada por el congresista Edwin Martínez (Acción Popular), contra Boluarte Zegarra y los exministros de Estado Raúl Pérez Reyes y César Sandoval, por presunta infracción constitucional y la posible comisión de los delitos de colusión simple y agravada, negociación incompatible y aprovechamiento indebido de cargo.
En este caso se les acusó de haber aprobado el Decreto Supremo 015-2025-MTC, mediante el cual se aprueba el texto de la adenda 5 del contrato de concesión del Terminal Portuario de Matarani, que extiende la concesión por 30 años adicionales. Obtuvo 9 votos a favor, 3 votos en contra y cero abstenciones
