El Juzgado de Investigación Preparatoria de Santiago de Chuco dispuso remitir copias a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y a su Oficina Desconcentrada en La Libertad para que se investiguen las presuntas faltas disciplinarias cometidas por la fiscal Leydi Alfonsina Briceño Bocanegra, en su actuación como Fiscal Provincial Adjunta de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Santiago de Chuco.
Asimismo, el juzgado ordenó remitir copias a la Fiscalía Superior Penal de Trujillo para que investigue los presuntos ilícitos penales en los que habría incurrido la representante del Ministerio Público, sin perjuicio de otros delitos que puedan ser advertidos durante las investigaciones.
Según detalla la resolución judicial, una de las principales situaciones observadas ocurrió durante la audiencia de prisión preventiva realizada el 5 de febrero de 2025, específicamente en la etapa de confrontación, cuando la fiscal Leydi Briceño Bocanegra debía absolver la oposición presentada por las defensas de los imputados, sin embargo, mostró un comportamiento considerado “inusual” por el despacho judicial.
La resolución señala que la funcionaria colocó su codo frente a la cámara con el aparente objetivo de cubrir sus labios, mientras se escuchaban argumentos de réplica cuya voz “no correspondería” a la de la fiscal.
El juzgado considera que este hecho reviste gravedad debido a que la intervención en audiencia corresponde exclusivamente a la representante del Ministerio Público y no a terceras personas.
Otro aspecto señalado por el juzgado es la presunta desaparición del video de la audiencia del sistema institucional Calendar. Según la resolución, el archivo habría sido eliminado “aparentemente por personal judicial en complicidad con la fiscal”, con la finalidad de impedir que el magistrado que actualmente conoce el caso advirtiera las irregularidades descritas.
No obstante, el despacho judicial precisó que el material audiovisual pudo ser recuperado desde un almacenamiento en Drive.
La resolución también cuestiona la actuación fiscal en el desarrollo de la investigación, señalando que la propia fiscal habría solicitado el sobreseimiento del caso mediante requerimiento fiscal. Sin embargo, el juzgado advirtió que la investigación presentaba deficiencias y una escasa actividad probatoria, por lo que ordenó la elevación de los actuados.
