A más de dos meses de haberse declarado la nulidad del proceso de licitación para una importante obra vial en Alto Trujillo, la citada municipalidad, administrada por Percy Benites, aún no ha vuelto a convocar el proyecto valorizado en más de S/ 3 millones, generando cuestionamientos sobre la demora en su ejecución.
Se trata de la obra denominada “Creación del servicio de movilidad urbana en avenida C, tramo calle 12 – calle 1, distrito de Alto Trujillo, provincia de Trujillo”, cuyo proceso de selección ha sido anulado en dos ocasiones debido a observaciones técnicas y presuntas irregularidades.
El primer retroceso ocurrió el 2 y 10 de diciembre de 2025, cuando el entonces administrador municipal, Joseph Cubas, decidió anular el procedimiento de licitación y retrotraerlo hasta la etapa de integración de bases integradas.
La medida fue adoptada luego de que el presidente del Comité Evaluador, mediante la Carta N°002-2025-JCDO, advirtiera que las bases del proceso contenían un “vicio insubsanable de nulidad”, recomendando corregir las observaciones detectadas antes de continuar con la convocatoria.
Posteriormente, el 6 de febrero de 2026, Joseph Cubas fue retirado del cargo y, cuatro días después, Percy Benites asumió la administración de Alto Trujillo.
Ya bajo la nueva gestión administrativa, una evaluación posterior al expediente técnico detectó “inconsistencias sustanciales” en su formulación, según se detalla en informes emitidos el 11 y 24 de febrero de este año.
Debido a ello, el 10 de marzo de 2026, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°079-2026-MDAT-GM, Percy Benites volvió a declarar la nulidad del proceso de selección, esta vez retrotrayéndolo hasta la etapa de convocatoria con el objetivo de reformular el expediente técnico. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde dicha resolución, hasta la fecha no se ha realizado una nueva convocatoria para ejecutar la obra vial.
Cabe señalar que esta licitación estuvo en el centro de la polémica tras la difusión de una denuncia pública por un presunto direccionamiento y sobrevaloración del proyecto. La acusación involucraba al abogado Jorge Valdez Lozano, asesor de confianza del alcalde Mario Reyna Rodríguez, a quien se le atribuye una supuesta injerencia indebida para favorecer a un consorcio específico durante el proceso de licitación.
