El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 11022/2024-PE, 10367/2024-CR, 10322/2024-CR y otros, que propone modificar el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688 para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
La norma incorpora nuevas sanciones para quienes ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a centros penitenciarios. Las penas podrán alcanzar hasta 15 años de prisión cuando el delito sea cometido por autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos.
Asimismo, se sanciona la posesión indebida de celulares, armas, municiones, explosivos y otros materiales peligrosos dentro de los penales.
También se establecen penas agravadas cuando estos equipos sean utilizados para coordinar delitos de extorsión, sicariato o amenazas que afecten la seguridad ciudadana y el orden público.
Este dictamen apunta a recuperar el control de los penales, fortalecer la seguridad penitenciaria y cerrar las brechas que actualmente permiten que organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
La iniciativa fue aprobada por 100 votos a favor, ninguna en contra y una abstención en primera votación. Posteriormente, fue exonerada de segunda votación por unanimidad, con 92 votos a favor.
