La Contraloría concluyó que entre los años 2025 y 2026, la actual gestión de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) designó y encargó funciones directivas a ocho servidores que incumplían con el perfil mínimo exigido para los cargos, situación que originó la identificación de presunta responsabilidad penal y administrativa funcional tanto de las máximas autoridades de la casa superior de estudios, así como de integrantes del Consejo Universitario y funcionarios.
En tal sentido, los servidores que aceptaron los cargos de director general de Administración, jefe de la Unidad de Servicios Generales, jefe de la Unidad de Servicio Alimentario, jefe de la Subárea de Control de Personal Académico, jefe de la Unidad de Redes y Plataforma UNT Virtual, jefe de la Unidad de Presupuesto, jefe de la Unidad de Gestión Documentaria y Gobierno y jefe de la Unidad de Recursos Humanos, también tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa funcional por aceptar indebidamente los cargos.
Según el Informe de Control Específico n.° 021-2026-2-0222-SCE, que evaluó el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 23 de febrero de 2026, las máximas autoridades de la UNT aprobaron, ratificaron y ejecutaron las designaciones y encargaturas de dichos funcionarios sin verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Clasificación de Cargos (MCC) 2021 y en la normativa referida al procedimiento de vinculación regulado por el Reglamento de la Ley n.° 31419.
El informe precisa que el 5 de enero de 2026 el rector de la UNT aprobó el MCC 2026 con requisitos inferiores a los estándares mínimos exigidos por la Ley y su reglamento, lo que significó una reducción de los criterios de idoneidad previstos en el MCC 2021 y vulneró los principios de meritocracia y legalidad en el acceso a la función pública. A ello se suma que el MCC 2021 no fue derogado, generándose una coexistencia normativa que afectó la seguridad jurídica y la eficacia administrativa.
Estas irregularidades permitieron, por ejemplo, que el Consejo Universitario encargara las funciones del cargo de confianza de director general de Administración a un servidor que previamente había sido trasladado de la plaza de asistente administrativo a la de director de sistema administrativo III. La propuesta fue presentada por el rector sin adjuntar el informe de cumplimiento emitido por la Oficina de Recursos Humanos, documento técnico que permite verificar oportunamente si el servidor propuesto reune los requisitos exigidos para el cargo.
Para la Contraloría, los hechos acreditados ocasionaron un perjuicio al Estado al vulnerarse el procedimiento de vinculación de funcionarios y debilitarse el servicio civil meritocrático, debido a que no se preservó ni garantizó el interés del Estado de contar con funcionarios directivos de libre designación y remoción, que cumplan con el perfil idóneo para el cargo y las funciones desempeñadas en la administración pública. Por ello, el informe fue derivado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales correspondientes.
