Reportes policiales y denuncias de pobladores alertan sobre la reapertura de socavones ilegales, la contaminación de fuentes de agua y la presencia de organizaciones que operarían en distintos caseríos de la provincia de Sánchez Carrión.
La expansión de la minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas para seguridad en el Perú. Uno de los focos de mayor preocupación se encuentra en la región La Libertad, particularmente en las provincias de Sánchez Carrión y Pataz, donde la presencia de organizaciones vinculadas a la minería ilegal ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad y amenazan con expandirse.
En Huamachuco, recientes labores de monitoreo policial detectaron un preocupante rebrote de la minería ilegal en diversos caseríos del distrito, en donde se creía que se había erradicado a las mafias mineras. Según los reportes, esta actividad estaría generando severos impactos ambientales, entre ellos la contaminación de las lagunas de la reserva natural de Huaylillas y de varios canales de regadío utilizados por las comunidades agrícolas.
Las inspecciones habrían identificado movimientos en el caserío de Shiracmaca, en donde, un grupo, presuntamente liderado por un tal Héctor, estaría recibiendo material extraído de un socavón. Asimismo, se reportó la existencia de otros cuatro socavones.En las inmediaciones del caserío se habrían registrado además 17 pozas activas.
Pobladores también señalaron que otra operación ilegal en 11 pozas con una expansión hacia terrenos donde existe una poza de captación ubicada a escasa distancia de áreas de cultivo. Los pobladores afirman que no pueden hacer nada ante las amenazas que reciben por intermedio de delincuentes.
Asimismo, en el caserío Coigobamba también se habrían detectado movimientos considerados sospechosos. De acuerdo con los registros obtenidos durante el monitoreo, se observaron estructuras de madera, trabajos de techado con calamina y otros elementos que podrían corresponder a accesos subterráneos, situación que deberá ser verificada por las autoridades correspondientes.
Según técnicos que monitorean la zona, existiría la intención de interconectar diversos socavones para facilitar la extracción ilegal de mineral, incrementando el riesgo ambiental y de seguridad. A este escenario se suman denuncias que señalan que algunos representantes recién elegidos por esta región habrían recibido presunto financiamiento de personas vinculadas a esta actividad ilícita.
