El Tribunal Constitucional (TC) del Perú restableció la prohibición para que los congresistas presenten proyectos de ley que impliquen incrementos en el gasto público, tanto para el presupuesto del año en curso como para los ejercicios fiscales futuros.
La medida fue adoptada mediante la sentencia recaída en el expediente 00018-2023-PI/TC y representa un cambio respecto a criterios anteriores. Con esta decisión, el máximo intérprete de la Constitución busca reforzar la disciplina fiscal y evitar la aprobación de normas que comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El fallo establece que los parlamentarios no podrán impulsar iniciativas que generen mayores gastos para el Estado, salvo una excepción: proyectos destinados a atender necesidades sociales básicas. En estos casos, las propuestas deberán ser coordinadas de manera obligatoria con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La decisión del TC se produce en un contexto de preocupación por el impacto económico de diversas leyes aprobadas por el Congreso en los últimos años. Según datos presentados por Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal del Perú, en apenas dos sesiones plenarias se aprobaron once normas con un costo anual superior a los 11.400 millones de soles.
De acuerdo con el exministro de Economía, el impacto podría elevarse hasta los 15.000 millones de soles si se incluyen otras iniciativas pendientes de aprobación y costos que aún no han sido cuantificados.
En declaraciones ofrecidas en marzo a RPP, Segura advirtió sobre los riesgos que representa este tipo de decisiones para la estabilidad fiscal del país. «Son cifras brutales. Nadie, ni una familia, ni una empresa, ni un país, puede vivir por encima de su capacidad de generar ingresos«, señaló.
