Sandra Terrones habla de “guerra sucia” pero no aclara sus problemas financieros con deudas de miles de soles

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La candidata a la alcaldía de La Esperanza por Podemos Perú, Sandra Terrones, calificó como “guerra sucia” los cuestionamientos que vienen circulando en su contra, sin embargo, hasta el momento no ha ofrecido una explicación pública sobre los reportes financieros que revelan que mantiene deudas por decenas de miles de soles.

“Mientras nosotros seguimos caminando, no le hacemos caso a la guerra sucia, que hablen, nosotros seguimos trabajando”, señaló Terrones.

Según un reporte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al 31 de enero de 2026, Terrones registraba una deuda de S/ 30,312 con el Banco GNB, obligación que aparecía clasificada en la categoría “Pérdida”, considerada la de mayor riesgo dentro de la clasificación crediticia.

Asimismo, la información señala que el Banco GNB Perú habría considerado perdida la posibilidad de recuperar dicha obligación mediante sus canales habituales, procediendo al castigo contable y a la transferencia de la cartera a una empresa especializada en cobranza, Colden Investments S.A.

A ello se suma otro reporte financiero, de Sentinel, en el que figura una segunda obligación por S/ 8,998.93, con más de 900 días de vencimiento. De acuerdo con el documento, esta deuda corresponde a un pagaré a favor de Recupera Inversiones S.A.C., cuyo vencimiento se produjo el 30 de noviembre de 2023.

Esta obligación aparece registrada como “castigada”, condición que se utiliza para identificar contablemente deudas consideradas de difícil recuperación. No obstante, dicha clasificación no significa que la obligación haya desaparecido ni que el acreedor haya perdido la posibilidad de realizar acciones de cobranza.

En conjunto, los reportes mencionados dan cuenta de obligaciones que superarían los S/ 39 mil, situación que adquiere relevancia debido a que Terrones busca ocupar la alcaldía de uno de los distritos más poblados de Trujillo.

Hasta el momento, la candidata no ha presentado públicamente documentación o argumentos que desmientan estos registros ni ha explicado las circunstancias que llevaron a que las obligaciones aparezcan con las clasificaciones señaladas.