La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental de La Libertad (FPTEMA La Libertad) logró una sentencia condenatoria contra cuatro personas investigadas por los delitos de minería ilegal y minería ilegal agravada, tras actividades ilícitas desarrolladas dentro de la Reserva Nacional de Calipuy, en el distrito de Chao, provincia de Virú.
La sentencia de terminación anticipada fue emitida por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, en el marco del caso fiscal N.° 20-2026, seguido contra Abel Muñoz Fernández, Edilberto Alvarado Flores, Federico Emiliano Espejo Campos y Reynaldo Pajares Espejo Campos, en agravio del Estado peruano.
Los hechos ocurrieron en el área natural protegida ubicada en La Libertad, donde los investigados habrían instalado campamentos y desarrollado actividades de extracción minera ilegal. La intervención se realizó el 17 de febrero de 2026, durante un operativo conjunto entre la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú – UNIDPMA La Libertad y la FPTEMA La Libertad.
En el operativo participó la fiscal provincial Patricia Viviana Ponce Saavedra, junto con representantes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y personal del Equipo Forense en Materia Ambiental del Ministerio Público (EFOMA).
Los cuatro investigados fueron encontrados en campamentos mineros, donde las autoridades constataron la presencia de maquinaria y equipos destinados a actividades de explotación minera. Debido a ello, fueron intervenidos en flagrancia, dando inicio al proceso penal correspondiente.
Como resultado de la terminación anticipada, Abel Muñoz Fernández, Edilberto Alvarado Flores y Federico Emiliano Espejo Campos fueron condenados a cuatro años y dos meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución y sujeta al cumplimiento de reglas de conducta. En tanto, Reynaldo Pajares Espejo Campos recibió una condena de seis años, once meses y quince días de prisión efectiva.
Además, el Poder Judicial estableció el pago de S/ 200 000 por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano.
