El director tesorero del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) – Consejo Departamental de La Libertad, Luis Enrique Solís Alcalde, afronta cuestionamientos por una serie de decisiones y hechos vinculados a su gestión institucional.
Uno de los casos está relacionado con una visita al Megapuerto de Chancay, actividad que fue difundida por el propio CIP La Libertad como una jornada técnica dirigida a ingenieros colegiados. Sin embargo, en las imágenes publicadas por la institución aparece María Verástegui, esposa del tesorero, pese a que, según la información difundida, no tendría la condición de ingeniera colegiada.
Ante esta situación, el ingeniero Edson Ardiles Vásquez solicitó al CIP La Libertad precisar quién autorizó su participación, cuáles fueron los criterios empleados para asignar los cupos y si los gastos de traslado, alimentación u otros conceptos fueron asumidos con recursos de la institución.
Otro de los puntos observados está relacionado con el reconocimiento de Solís Alcalde como ingeniero vitalicio durante la Semana de la Ingeniería, en junio de 2025.
De acuerdo con la información proporcionada, el actual tesorero se incorporó al Colegio de Ingenieros del Perú el 27 de noviembre de 1995. El Estatuto de la institución establece requisitos vinculados a 30 años de aportaciones para acceder a la condición de ingeniero vitalicio.
Por ello, se plantea la necesidad de determinar la fecha exacta en que se otorgó el reconocimiento, verificar si para entonces se habían cumplido los requisitos establecidos y conocer qué procedimiento y disposición institucional respaldaron dicha decisión.
A estos cuestionamientos se suma un antecedente consignado por la Contraloría General de la República. El Informe de Hito de Control N.° 35-2024-OCI/5765-SCC señaló que, según el expediente de contratación revisado, Solís Alcalde acreditaba un año, seis meses y 25 días de experiencia específica para desempeñarse como supervisor de una obra de restauración en el Complejo Arqueológico Chan Chan.
Sin embargo, los términos de referencia establecían como requisito mínimo contar con dos años de experiencia específica. Ante ello, el órgano de control advirtió que esta situación podía generar un riesgo para el adecuado desempeño de las actividades previstas.
Frente a estos hechos, Edson Ardiles Vásquez solicitó que Solís Alcalde y el CIP La Libertad esclarezcan públicamente las circunstancias de cada caso y, de corresponder, exhiban la documentación que sustente las decisiones adoptadas.
